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CNM: Jueces y Fiscales serán destituídos ipso jure.


jueces y fiscales no ratificados

Los jueces y fiscales que no hayan sido ratificados o  hayan sido destituidos estarán impedidos de seguir utilizando el cargo gracias a recursos y ventajas que puedan presentar contra la decisión del CNM según la modificación a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.

Las resoluciones que dispongan la no ratificación y destitución de los jueces del Poder Judicial y el Ministerio Público se ejecutarán ipso jure. Por lo tanto, la presentación de una moción de reconsideración o extraordinaria no pospondrá la decisión adoptada por el CNM. Así  se establece en la Ley Nº 30207, publicada el sábado 29 de noviembre en el diario oficial El Peruano, regla que modifica el artículo 24, inciso b), y el artículo 34, numeral  4, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. De este modo se establece que las resoluciones  de no ratificación se ejecutan  de inmediato, lo que determina que el magistrado no debe realizar ninguna función judicial o fiscal, desde el día de publicación de la resolución en la página web del CNM o aviso personalmente en la  dirección registrada como domicilio,  o  en el correo electrónico autorizado por el magistrado, lo que ocurra primero. También establece que el recurso extraordinario no suspenderá la ejecución de la resolución de no ratificación. El plazo para resolver el recurso extraordinario es de 60 días naturales (inciso b del artículo 21).

Del mismo modo, se observa que las decisiones de despido se aplicarán de inmediato para los magistrados destituidos  no realicen  función judicial o fiscal alguna. La interposición del recurso de reconsideración no suspende la ejecución de la resolución de destitución.

Se observa además que el plazo para resolver el recurso de reposición es de 70 días naturales (párrafo 4 del artículo 34).

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Relación de Empleados Públicos Sancionados: Consultar Aquí


Se han establecido directrices para la gestión, el funcionamiento y el procedimiento de registro y consulta de sanciones  para los funcionarios públicos en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. Norma que  tiene por objeto prevenir la prestación de servicios en el Estado de las personas que son suspendidos o inhabilitados.

Relación Empleados sancionados

 

El Registro Nacional de Sanciones y Destitución será público. Esto permitirá que cualquier persona  pueda acceder a la lista de los empleados públicos sancionados en el módulo de consulta pública en las páginas web de cada entidad  estatal. Para acceder a esta información se ingresará a la siguiente dirección: www.sanciones.gob.pe/transparencia/

Establecido  por Resolución  de la  Presidencia  Ejecutiva N ° 233-2014-SERVIR-PE, publicada el domingo 9 de octubre en el diario oficial El Peruano. Este registro proporciona una herramienta electrónica que administra  la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), en el que las entidades introducen y actualizan las sanciones impuestas a los funcionarios públicos.

También se estableció que las sanciones se deben introducir en el Registro son: la remoción o destitución, suspensión, independientemente de las normas laborales, las sanciones por responsabilidad operativa y administrativa impuesta por la Contraloría General y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, las inhabilitaciones ordenadas por la Poder Judicial, y demás normativa de determinar.

Se reitera que el Estado no puede alegar ignorancia o desconocimiento de las sanciones introducidas. Además se estableció los plazos para inscribir las sanciones derivadas de procedimientos por responsabilidad administrativa disciplinaria y funcional: al día siguiente de haber trascurrido 15 días hábiles sin que el servidor civil haya interpuesto  recurso de apelación.

De igual manera, las sanciones establecidas por sentencia consentida o ejecutoriada del Poder Judicial deberán inscribirse en un plazo de 5 días hábiles desde el día siguiente de la notificación.

Por último, la Directiva establece que las instituciones del Estado, antes de la incorporación de cualquier persona a la Administración Pública, verificará  que no esté inhabilitado  la persona para ejercer cargos públicos. También establece que todas las entidades deben revisar la lista mensual de la relación de los nuevos inhabilitados.

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